Hace pocas horas, mientras escribía esta columna, los
integrantes de la llamada “Mesa de Diálogo” conjuntamente con integrantes del
régimen Madurista, se encontraban reunidos en un hotel de la ciudad de Caracas,
coordinando cuales serían los posibles nombres para integrar la nueva directiva
del Consejo Nacional Electoral.
El anterior señalamiento, sería producto de la aplicación
tras bastidores, una vez más, de la fórmula de la Omisión Legislativa, que
otorga prácticamente la potestad al Tribunal Supremo de Justicia de designar
mediante un procedimiento propio, no previsto en la Ley del Orgánica del Poder
Electoral, a los integrantes del CNE, como ya ocurrió en anteriores
oportunidades.
Todo fuera más o menos normal, si al menos la toma de esa
vital decisión, se basara en las propuestas y el trabajo del Comité de
Postulaciones Electorales, que dentro de la pluralidad se hubieran postulado un
número significativo de ciudadanos, que se cumplieran las etapas de evaluación
de perfiles, entrevistas y depuración, hasta llegar al número indicado e ideal
para efectuar la tan ansiada designación del ente comicial.
Por lo visto eso no sucederá, de nuevo una Sala
Constitucional, de un Tribunal cuestionado y sin credibilidad, procederá a
saltarse los pasos y en acuerdos oscuros con una rama de la supuesta oposición
política, hará lo propio y sacará de un sombrero los nombres de quienes
asumirán el control de un área tan delicada como es la electoral.
Todo lo que hagan, traerá como consecuencia, la extensión
del drama e inestabilidad que se vive en Venezuela, ya que cualquier proceso en
los actuales momentos carecería de la confianza tan necesaria para aceptar
resultados y efectuar transferencia de poder, además con un CNE a la medida del
Chavismo, nadie los creería.
“Vamos en vía al caos y a la profundización de la crisis”,
indicó el diputado Ángel Medina Devis, quien preside el comité de postulaciones
de la Asamblea Nacional - liderada por Juan Guaidó - para renovar el Consejo
Nacional Electoral (CNE), no tenemos duda de eso, con más razón, cuando en
dicho comité hay legisladores de la oposición, del Partido Socialista Unido de
Venezuela y miembros de la sociedad civil, quienes trabajan desde noviembre de
2019 para renovar el CNE y lograr elecciones libres y transparentes en
Venezuela; el fallo número 0068-2020 de la Sala Constitucional del TSJ desarma
todas esas diligencias, lo que crea un abismo más en la muy intrincada vida
política y social de nuestro país.
Importante y volviendo a nuestro artículo anterior, es
recordar que el día de instalación del referido comité, la estimación fue que
entre 60 días aproximadamente podría quedar conformada una nueva directiva del
Consejo Nacional Electoral (CNE), eso fue en el mes de marzo, con la emergencia
mundial a causa del virus Covid-19, todo quedó suspendido, lo que debió tomarse
en cuenta antes de declarar la omisión legislativa perjudicando el proceso y
enturbiando el resultado final.
No hay que olvidar, que la Constitución de 1999 creó en
Venezuela nuevas instituciones, con las que se buscó garantizar el ejercicio
pleno de un nuevo derecho constitucional que también se creó en dicho texto, el
Poder Electoral con el mecanismo del derecho a la participación política
reforzado, también incorporando nuevos mecanismos de democracia directa
(referendos).
Quizás la más relevante de esas instituciones fue, la
creación del Poder Electoral como una rama específica del Poder Público
establecida con autonomía e independencia plena respecto de los otros Poderes
Públicos (Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Ciudadano), en tal sentido, se
pasó de la clásica separación tripartita de poderes, a una nueva separación
pentapartita de los poderes del Estado.
El órgano constitucional al cual corresponde el ejercicio
del Poder Electoral es el Consejo Nacional Electoral (CNE), al cual la
Constitución garantiza la mencionada autonomía e independencia, que en los
últimos tiempos con la rectora Lucena al frente y sus rectores colaboradores
incluyendo al supuesto de oposición, no ha cumplido, echando por tierra la
premisa de que es el Poder Electoral, el llamado a garantizar los derechos
políticos de los ciudadanos al sufragio, y a la participación política mediante
los referendos.
En conclusión, no debemos aceptar que éste nuevo secuestro
del Poder Electoral a manos del régimen, se consume sin más ni más, se deben y
tienen que activarse todas las alarmas posibles, para oponernos a lo que ya se
ha convertido en un mecanismo perverso de control político por parte del
régimen Chavo/Madurista, pretendiendo legalidad y legitimidad en dicha acción,
así de simple y sencillo.
Reinaldo J. Aguilera R. @raguilera68
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