Cuando se trata de analizar los sistemas políticos
democráticos, algunos académicos
tienden a separar las democracias tradicionales con las
democracias con economías
dependientes del petróleo. Aunque aporta ideas adicionales
hacerlo, el resultado general no
es diferente de las democracias con economías
diversificadas. Mientras que la democracia
estadounidense por ejemplo, es cautiva de grupos de interés
corporativos, la democracia
Venezolana es cautiva grupos de interés en la sociedad
civil, partidos políticos e
instituciones gubernamentales así como del mismo electorado,
en ambos casos prevalece el
interés de un grupo, y la postergación de objetivos de largo
plazo y más alineados al
desarrollo del país y el bienestar general.
La democracia venezolana se caracteriza principalmente por
tener partidos políticos débiles
y líderes populistas, que generalmente están vinculados al
sector militar. Se promueven
políticas corto placistas y políticas fiscales pro-cíclicas
(gasto público expansivo cuando los
ingresos petroleros son altos y viceversa) como mecanismo
para hacerse y mantener control
político creando relaciones de dependencia entre la
población y el estado como mecanismo
para la distribución de los ingresos petroleros.
Asimismo, existen fuertes grupos de interés que están vinculados
al gasto público como los
sindicatos del sector público, las élites políticas, el
sector militar, entre otros sectores
sociales, que se convierten en agentes de presión para
aumentar el gasto y posponer los
intereses a largo plazo relacionados con la estabilización y
el ahorro. Como resultado, se
generan procesos de incremento desmesurado del gasto público
seguidos de crisis
económicas y fiscales que exacerban la pobreza y el
bienestar de la gente a niveles
inferiores que en los periodos previos al incremento del el
gasto.
Ricardo Hausmann sostiene que una de las causas por la cual
los gobiernos actúen de
forma cíclica es un problema que W.F. LLoyd alguna vez
definió como "La Tragedia de los
Comunes", una práctica que, según su punto de vista,
caracteriza el comportamiento
colectivo humano y también los sistemas políticos
democráticos, y que determina cómo en
decisiones colectivas se generan incentivos para incrementar
el gasto público.
Si se aplica la tragedia de los comunes al caso de un país
petrolero como Venezuela,
históricamente cuando hay incremento en los precios del
petróleo en el mercado
internacional, el gobierno de turno no ahorraría bajo la
premisa que en las democracias
representativas los gobiernos son transitorios. Podría
establecerse que para un país como
Venezuela, altamente rentista, los incentivos sociales que
el gobierno tiene de gastar son
altos, especialmente cuando hay rivalidad entre partidos
políticos por el poder, para lo cual
un gobierno que practica medidas de austeridad y ahorra
recursos para otros períodos, está
en desventaja en comparación con otros actores políticos.
La solución colectiva es entonces gastar asumiendo que en un
sistema político democrático,
donde los líderes son reemplazados cada cierto periodo,
ninguno garantiza que se cumplirá
una regla de ahorro y que además el que no lo haga obtendrá
de retorno más apoyo popular
y más tiempo en el poder. En el marco de esta lógica, la
posibilidad de promover una política
fiscal sana se ve limitada en este tipo de democracias:
Los años 70 fueron un claro ejemplo en el que el estado, una
vez que se produjo el auge del
petróleo, amplió su capacidad de participar en la economía a
través del gran aumento en el
gasto y la inversión en empresas estatales. Sin embargo,
cuando el presidente en 1984
(Jaime Lusinchi) tomó medidas de ajuste fiscal para contener
la crisis causada por la caída
de los precios petroleros, fue contrarrestado por la alta
presión de los trabajadores y los
empleadores, por lo que tuvieron que revertir estas medidas
y abrir de nuevo el flujo de
gastos. El nuevo gobierno tuvo que asumir la difícil
situación de la caída de los precios que
empeoró el problema del déficit público, por lo que no había
otra alternativa que iniciar un
proceso de reformas para la liberalización de la economía.
Sin embargo, una vez que se
implementaron las primeras medidas, se desencadenó un grave
conflicto social que condujo
a un golpe militar y, posteriormente, al fracaso de esta
reforma.
En 1989, el 80% de la población estaba insatisfecha con el
gobierno. El gran descontento
social culminó en la elección de Hugo Chávez en 1999,
apoyado principalmente por
trabajadores, la clase media y los militares. El resultado
se repitió casi como un ciclo
perpetuo: la revolución socialista fracasó al establecer
clientelismos electorales bajo la
premisa de una falsa democracia participativa.
Cuando los precios del petróleo cayeron en 2013 lo demás es
historia. Venezuela vive
actualmente una crisis humanitaria sin precedentes, el
crecimiento del PIB se ha contraído a
niveles de 1950 y el FMI estima que la inflación alcance
niveles extremos de 13.000% en
2018; todo esto además acompañado con la pérdida progresiva
de libertades políticas,
económicas e individuales.
Frente a este panorama vale la pena mencionar dos puntos. El
primero: no somos los
únicos. Las democracias occidentales están en crisis y está
en gestación una nueva ola de
líderes populistas y nacionalistas en el continente
americano y europeo. Por otro lado, el
carácter rentista de nuestra economía es nuestra
particularidad y las dimensiones de la
participación del Estado es mucho mayor, generando
crecimiento y crisis económicas
proporcionales a los ingresos petroleros, limitando así
nuestro potencial para el desarrollo
económico, institucional y social en el largo plazo. A este
respecto se puede concluir: de las
bondades de la democracia petrolera venezolana resulta su
ciclo perpetuo de destrucción y
pobreza.
por Luis Cermeno @luisce02
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